SISTEMA DE SANCIONES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN ETAPA DE EJECUCIÓN: HACIA UN JUZGADO ESPECIALIZADO

System of Non-Custodial Sanctions for Adolescent Offenders in the Enforcement Stage: Toward a Specialized Court

Resumen

La investigación analiza el sistema de sanciones no privativas de libertad aplicado a adolescentes infractores de la ley penal en la etapa de ejecución, con énfasis en el control de las medidas socioeducativas impuestas por los juzgados penales de la adolescencia de la Circunscripción Judicial de la Capital, en el Paraguay. El Código de la Niñez y la Adolescencia conforme a sus artículos 218 y 226 asigna el control de estas medidas a los jueces de ejecución penal del fuero ordinario, que no son especializados, lo que ha generado criterios de actuación contradictorios, devoluciones de causas al Juzgado Penal de la Adolescencia y contiendas de competencia tras la revocación de las medidas socioeducativas en etapa de ejecución. Para el estudio de la problemática expuesta se adoptó un enfoque mixto, no experimental y transversal, de alcance descriptivo, explicativo y proyectivo, que combinó el análisis jurídico de la normativa nacional e internacional. El análisis documental de los expedientes abarco desde el período 2015-2021, cuyo criterio de inclusión y exclusión se basaron en que los mismos correspondían exclusivamente a casos que se han otorgado las medidas socioeducativas a adolescentes infractores de la ley penal. El análisis documental identificó 51 casos sancionados con medidas socioeducativas, de los cuales 47 fueron remitidos a ejecución; 16 de estos fueron revocados, con criterios divididos entre juzgados de ejecución (2 continuaron el trámite ante el juzgado de ejecución y 13 regresaron al juzgado de origen), y 4 causas fueron remitidas a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por contiendas de competencias entre el Juzgado Penal de la Adolescencia y el Juzgado de Ejecución Penal. La Corte Suprema de Justicia, al resolver el conflicto de competencia suscitado entre ambos juzgados, estableció como criterio que, en virtud del principio de especialidad que rige el fuero penal adolescente, corresponde al Juzgado Penal de la Adolescencia entender nuevamente en las causas en las que hayan sido revocadas las medidas socioeducativas, por ser el órgano jurisdiccional especializado en la materia. Así mismo, se combinaron entrevistas semiestructuradas a jueces y defensores especializados. Las entrevistas coincidieron en que la falta de especialización, la escasa coordinación con el equipo técnico y la SENAAI, y una interpretación normativa divergente producen un “caos procesal” que compromete la reeducación y la reinserción social del adolescente. En la Encuesta, realizada a 82 operadores de justicia (n = 104, fórmula de Cochran, Alfa de Cronbach = 0,704). El 85 % de los operadores reconoce una laguna procesal en la etapa de ejecución, el 65 % se declara insatisfecho con la efectividad del control actual, el 89 % consideró necesario diferenciar el procedimiento del fuero ordinario y el 93 % considera que un juzgado de ejecución especializado mejoraría el control y el cumplimiento de las medidas. La prueba de chi-cuadrado (χ² = 105,696; gl = 12; p = 0,000) mostró dependencia significativa entre la pertinencia percibida de dejar el control en manos del fuero ordinario y la necesidad de un juzgado especializado, por lo que se rechazó la hipótesis nula. Se concluye que existe una necesidad normativa y empírica de crear un juzgado de ejecución penal especializado en el fuero de la adolescencia, y se propone un proyecto de ley de creación del Juzgado de Ejecución Penal de la Adolescencia.